La defensa del jefe de Gobierno consiguió posponer la vista alegando que sería una influencia injusta en los comicios del 23 de marzo, resultado del fracaso de la alianza gubernamental con el ministro de Defensa, Benny Gantz, quien debió reemplazarlo en el cargo a fines de 2021, en virtud de un pacto previo.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia rechazó las solicitudes de los abogados de Netanyahu para desestimar los tres casos por los que deberá presentarse ante la justicia y las pruebas obtenidas antes de que se autorizaran las investigaciones, puntualizó el diario.
Según The Jerusalem Post la vista acontecerá tres días a la semana desde el 5 de abril, a fin de escuchar a personas consideradas clave en el proceso contra el veterano primer ministro, quien deberá enfrentar acusaciones por soborno, fraude y abuso de confianza.
Netanyahu asegura que se trata de un complot para derrocarlo a él y a la derecha, apoyado en acusaciones falsas.
El inicio de su enjuiciamiento en mayo del pasado año desató una oleada de protestas, cuyos protagonistas piden la dimisión del político por corrupto, a lo que se sumaron entonces críticas en torno al manejo de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y la debacle económica asociada.
Por el delito de cohecho el gobernante puede ser condenado hasta a 10 años de prisión, en tanto por fraude y abuso de confianza podría permanecer tras las rejas durante unos tres.
La posposición de su juicio en enero, que fue reanudado este mes con la comparecencia de Netanyahu, provocó airadas condenas de activistas, líderes de partidos y funcionarios.
Netanyahu, quien conservó las riendas del poder a duras penas gracias a la coalición con Gantz luego de tres infortunados comicios en los que no logró el respaldo suficiente para formar gobierno, aspira a conseguir en marzo venidero los votos necesarios para mantenerse en el cargo.
El titular de Defensa, que ha alertado sobre presuntas maniobras del primer ministro para evadir la justicia o aprobar alguna disposición legal que lo dote de inmunidad, se opone a que un jefe de Gobierno inculpado formalmente permanezca en el puesto.
Una de las causas que lo implican está relacionada con la aceptación de regalos de dos millonarios a cambio de favores políticos, y otra con manejos turbios para que un medio de prensa mejorara su imagen pública.
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