Se trata del caso de Vladimir Roslik, un médico uruguayo hijo de emigrantes rusos vinculado al Partido Comunista, asesinado mediante torturas infligidas en el Batallón de Infantería 9, en 1984, un año antes del regreso de la democracia.
Un responsable del asesinato fue condenado por un tribunal militar a cuatro meses y 18 días de prisión, lo que una instancia civil ordinaria lo tomó en cuenta para considerarlo ‘cosa juzgada’.
Sin rendirse Perciballe recurrió al Tribunal de apelaciones que emitió una sentencia en contra, lo mismo que hizo después la Suprema Corte de Justicia.
En declaraciones al semanario Brecha alegó que no se puede trasladar lo que fue la justicia militar al ámbito civil y faltaron garantías y una investigación efectiva, ya que a los únicos a quienes tomaron declaraciones pertenecían a las fuerza armadas sin escuchar víctimas, la esposa del fallecido y otros detenidos.
Señaló que del expediente ya surgía que los responsables del interrogatorio no eran solo las personas que fueron juzgadas y había un conjunto de personas, en su mayoría oficiales, participantes en las torturas.
Perciballe estrenó en 2018 la recién creada Fiscalía especializada con el objetivo de tener resueltas, en un lapso de tres años, las más de 200 causas abiertas por crímenes de la dictadura (1973-1985).
Según afirmó, el grueso de estas causas esa resuelta ‘en la fase investigativa’, pero que por distintos motivos no se pudieron hacer las imputaciones previsibles, entre los que mencionó los innumerables recursos interpuestos por las defensas.
‘Es muy difícil encontrar una causa en la que no esté resuelto qué pasó, quiénes son las víctimas y quiénes son los responsables’, abundó.
Consultado sobre la existencia de archivos ocultos de la dictadura, respondió que de obtenerse los del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y del Servicio de Información de Defensa, sería un paso muy importante para la investigación del pasado represivo.
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