La representante de la Acnudh en Colombia, Juliette Rivero, declaró que desde el 2018, el número de matanzas creció constantemente, siendo el 2020 el año con la cantidad más alta registrada desde 2014, especialmente en los territorios y comunidades rurales.
Esta oficina también documentó 248 homicidios de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) desde la firma del acuerdo de paz de 2016, e igualmente lamentó que hubo 795 amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes continúan en gran estado de vulnerabilidad e indefensión.
Según el informe, más de la mitad de las masacres se concentraron en apenas tres departamentos: Antioquia, con 19 casos, y Cauca y Nariño, con 11 cada uno.
Esta misma violencia, sobre todo la que afectó a Antioquia (noroeste), Chocó (noroeste) y Nariño (suroeste), obligó a más de 25 mil personas a desplazarse, en tanto otras 74 mil 312 se vieron confinadas por las restricciones impuestas por grupos armados y criminales.
En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales ha podido verificar 90 y siguen investigando 25, cifras superiores a las proporcionadas el lunes por el Gobierno colombiano, en las que reportó solo 66, de acuerdo a lo expuesto por Rivero.
Agregó que las cifras son representativas de los casos conocidos por la Oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo.
Rivero expresó que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente.
La Acnudh además presentó las masacres ocurridas en lo que va de 2021, que ya acumulan seis casos (y otros 5 en verificación) con 21 víctimas mortales.
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