La información de la Cruz Roja es ampliamente difundida este domingo en la prensa nacional, aunque no es un descubrimiento pues el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha advertido con anterioridad y aplica un plan especial para atacar en sus raíces la violencia general en el país.
Es el propio gobierno mexicano el que dio las cifras de cerca de 80 mil personas desaparecidas en todo el país, según el último balance de octubre del año pasado de la Secretaría de Gobernación.
Se trata de una situación heredada que, aunque viene de mucho atrás, se incrementó inusitadamente en el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) al declarar la guerra al narcotráfico y permitir el ingreso de armas desde Estados Unidos a México, sobre lo cual el país le tiene una reclamación judicial a los vecinos del norte.
La Cruz Roja indica que la desaparición de personas se extiende en varios países de América Latina, pero es en México donde el fenómeno tiene mayor dinamismo derivado de la violencia que no cesa.
Así, el país ‘enfrenta un reto especial porque seguimos en una situación en la que cada día desaparecen personas y eso confronta a los mecanismos de búsqueda’, sostiene Marlene Herbig, responsable del Programa de Desaparecidos del Comité.
Con despliegue en 60 países, el programa del CICR trabaja en la región latinoamericana en Perú, Colombia y Centroamérica, donde en muchos casos se enfoca a periodos acotados, generalmente asociados a conflictos internos.
En México se busca a personas que lo mismo desaparecieron en la guerra sucia (década de los 70 del siglo pasado) hasta a víctimas recientes de ese flagelo. Se cuenta con ‘un marco jurídico muy sólido, acorde con casi todos los estándares internacionales –en materia de desaparición y búsqueda– pero el desafío radica en su instrumentación’, acota Herbig.
Mañana lunes se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Bajo la prioridad de atención a las repercusiones humanitarias de la desaparición de personas, en los últimos años el personal adscrito al programa en México ha crecido y en la actualidad tiene presencia activa en seis estados.
Estos son Baja California, Coahuila, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Guerrero, y despliega actividades puntuales en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Chiapas.
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