En su mensaje por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el titular recalcó que todos los Estados deben cumplir con sus obligaciones de prevenir tales prácticas, buscar a las víctimas e investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de esos actos.
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La desaparición forzada priva a las familias y comunidades del derecho a conocer la verdad sobre sus seres queridos, a la rendición de cuentas, la justicia y la reparación, indicó Guterres.
Paradójicamente, añadió, a veces se utiliza con el pretexto de luchar contra la delincuencia o el terrorismo: abogados, testigos, oposición política y defensores de los derechos humanos corren un riesgo especial.
Según destacó el secretario general de Naciones Unidas, la pandemia de Covid-19 se sumó a la agonía y la angustia de las desapariciones forzadas, al limitar las capacidades de búsqueda e investigación.
La Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es indispensable para ayudar a combatir esta práctica cobarde, pero requiere la voluntad y el compromiso de quienes tienen el poder para hacerlo, afirmó Guterres.
Por ello, reiteró su llamado a que los países ratifiquen la Convención y trabajen con el Comité y Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas.
Muchos países de América Latina aún sufren el peso de las desapariciones forzadas que se cometieron en tiempos de dictadura, como es el caso de Argentina y Chile, según indican organizaciones de la sociedad civil.
En diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU expresó, por medio de una resolución aprobada en ese organismo, profunda preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, incluido el arresto, la detención y el secuestro.
Asimismo, decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
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