En una intervención como panelista de alto nivel en la VII Conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (ATT) que se lleva a cabo hasta el 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, el canciller instó a fortalecer los mecanismos de cooperación, intercambio de información sobre el tema.
Calificó de necesidad imperiosa el control transfronterizo para hacer frente al comercio irresponsable de armas y municiones, así como a su desvío y tráfico ilícito hacia grupos criminales.
Compartió con todos los Estados Parte del ATT los esfuerzos que ha emprendido el gobierno de México para atajar las terribles consecuencias que la violencia por armas de fuego ha generado a nivel nacional, regional e internacional.
Entre estos, citó el inédito litigio iniciado ante la Corte Federal de Massachusetts, Estados Unidos, contra casi una docena de compañías productoras y distribuidoras de armas, por prácticas negligentes.
El Tratado de Comercio de Armas es el único instrumento jurídico multilateral orientado a regular el comercio global de armas, establecer estándares y responsabilidades concretas para los estados durante los procesos de exportación, importación, tránsito, transbordo y verificación de usos y usuarios finales, y prevenir el mercado ilícito, agregó el canciller.
Para ilustrar la urgencia de atender este flagelo, mencionó los cálculos que indican que anualmente ingresan de manera ilegal a México más de 200 mil armas, y lamentó que esta situación haya incrementado la violencia y las muertes por armas de fuego, afectando especialmente a mujeres y niñas, y a los sectores más vulnerables.
Ebrard reafirmó la apuesta de su país por el multilateralismo, el derecho internacional y la cooperación para generar respuestas más eficaces y universales ante el tráfico ilícito de armas y de municiones.
En ese sentido, adelantó que México espera asumir la vicepresidencia del ATT correspondiente a la región de América Latina y el Caribe, para la octava Conferencia de Estados Parte.
Finalmente enfatizó la importancia de construir sinergias entre gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, la academia y el sector privado, con miras a cumplir con la meta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que conlleva el compromiso universal de reducir los flujos de armas y financieros ilícitos.
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