Con su decisión, de Sousa devolvió el texto a la Asamblea de la República (parlamento) para que modifiquen el articulado en el que se permite la revisión del correo electrónico privado sin permiso de un juez.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este lunes unánimemente varios artículos de la legislación después que el mandatario dispuso el pasado 4 de agosto, que fiscalizara la norma.
En su pedido, De Sousa dijo que los legisladores alteraron normas no directamente especificadas en la directiva europea sobre la materia.
De mantenerse como está, resultaría en una restricción de los derechos fundamentales a la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones, y a la protección de los datos personales en el uso de la informática, expresó el presidente del TC, Joao Caupers, en un comunicado.
Paralelamente, la consejera Mariana Canotilho indicó en el dictamen que se produciría una violación de principios reservados al juez y de las garantías constitucionales de defensa en el área penal.
La legislación propuesta por el Gobierno, que facilita el acceso al Ministerio Público de las comunicaciones privadas, fue aprobada por el voto favorable del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda y de Personas, Animales y Naturaleza.
La ley modificó una similar aprobada por el legislativo el 15 de septiembre de 2009.
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