De acuerdo con el funcionario, Chevry está ‘estrechamente relacionado con personas que siembran disturbios en el país, sobre la base de pruebas contundentes’.
El exgobernador fue apresado el pasado 14 de febrero, tras intentar ingresar de manera irregular en territorio dominicano y también se le acusa de portar armas sin autorización.
La víspera la justicia del vecino país ordenó la prisión preventiva para Chevry y otros cuatro nacionales haitianos, quienes alegaron que su vida corría peligro.
El 8 de febrero la Policía de Haití emitió una orden de búsqueda contra el exalcalde por asesinato, intento de asesinato, destrucción de bienes públicos y privados, además de conspiración criminal.
Sin embargo, varias plataformas calificaron las acciones del gobierno de ‘persecución política’, en un momento en que el mandato del presidente Jovenel Moïse está en disputa, pues mientras la oposición, abogados, religiosos y otros actores aseguran que la gestión del mandatario concluyó la víspera, el gobernante plantea que aún le restan 12 meses.
La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos en Haití pidió al gobierno dominicano otorgar asilo político al exfuncionario, para garantizar su seguridad ‘mientras se restablece la democracia en Haití’.
También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana requirió al presidente Luis Abinader que se le conceda el asilo y se le otorguen todas las garantías necesarias ‘a fin de salvaguardarle la vida’.
Según medios locales de prensa aún Chevry no solicitó al gobierno dominicano la no extradición a su país de origen.
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