La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, recibió el voto unánime de 53 senadores y, tras su promulgación, los familiares de los oficiales tendrán 365 días para reclamar el beneficio, que será entregado a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes, según corresponda.
Al tomar la palabra en la sesión de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González, señaló que más allá de esta ley de reparación económica, ‘el Gobierno nacional quiere llegar a la verdad’ con respecto a la desaparición del sumergible.
Una verdad, dijo, que merece saber todo el pueblo argentino porque son 44 compatriotas que durante mucho tiempo no fueron buscados y luego fueron tras su rastro de manera irregular.
Durante el debate, la senadora Anabel Fernández manifestó que una de las formas de reparar es decir la verdad de lo que sucedió y apuntó contra la gestión del entonces presidente Mauricio Macri por el manejo de la tragedia.
La ley será un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los tripulantes del submarino y quienes cobrarán la indemnización, exenta de impuestos, no podrán iniciar o deberán desistir de acciones legales contra el Estado.
El proyecto reconoce a los y las familiares del personal militar tripulante del submarino ‘el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar’.
Podrán acceder a el los hijos e hijas por partes iguales, a falta de esos, los progenitores y las progenitoras por partes iguales, el o la cónyuge supérstite (superviviente), siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la desaparición o muerte, y el o la conviviente supérstite.
Tres años después la angustia sigue latente en las familias de los tripulantes del sumergible, que yace a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, quienes aguardan conocer sobre lo que pudo haber sucedido a la mole de hierro, cuyo contacto se perdió el 15 de noviembre cuando regresaba desde la distante Ushuaia.
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