Según el periodista Jamil Chade, columnista del portal de noticias UOL, este punto final fue comunicado a la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil consideró en marzo que Moro violó normas del proceso y anuló todas las condenas contra Lula, quien tiene la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia en 2022.
Pero, aun así, precisa Chade, ‘el proceso continúa en las instancias internacionales’ y será juzgado por los 18 expertos del organismo.
El expediente fue llevado a la ONU en 2016, luego que el exgobernante presentara una denuncia, al alegar que Moro actuó de forma arbitraria en los casos contra él.
Dos años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concedió medidas cautelares y pidió a las autoridades brasileñas que mantuvieran los derechos políticos de Lula hasta que su caso fuera evaluado por el STF y se tratara el fondo del asunto en Ginebra.
De acuerdo con el columnista, el dictamen de esa junta fue ignorado por el Estado brasileño, lo que llevó al organismo a considerar esta negativa en su veredicto final.
Ahora, el comité indica que concluyó tanto la evaluación sobre la admisibilidad del caso como la cuestión de fondo.
Realmente, apunta Chade, el proceso está llegando a su fin y es posible que se tome un fallo definitivo en los próximos meses.
Precisa que, en uno de los últimos documentos entregados por el Estado brasileño a la ONU, el Gobierno salió en defensa de Moro, ministro de Justicia de Jair Bolsonaro en ese momento.
La defensa del exlíder sindical también argumentó que, al aceptar el cargo de ministro, Moro tendría una ‘posición política’ y ‘utilizó su papel de juez de forma sesgada para ayudar a los grupos opuestos al expresidente’.
Anteriormente los abogados probaron que el exdirigente obrero fue ‘blanco de lawfare, que es el uso estratégico de las leyes para fines ilegítimos’ y víctima de la desactivada operación judicial Lava Jato.
Desde el inicio de las investigaciones, Lula reafirma su inocencia y denuncia que fue ‘víctima de la mayor mentira jurídica’ de la historia de Brasil.
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