El sueño de una paz verdadera y posible tras la firma del acuerdo entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 se vio deshecho por una serie de elementos, entre los que aparece como factor común la administración del presidente Iván Duque.
La incapacidad del actual Gobierno para hacer cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz, ejercer un control real en todo el territorio nacional y combatir de manera efectiva a los grupos armados ilegales lo hacen responsable directo de la ola de violencia que ha cobrado cientos de vidas en los últimos cinco años, señalan expertos y análisis de diversas instituciones y organismos.
Un estudio de la bogotana Universidad del Rosario afirma que dicha situación es resultado de ‘la falta de esfuerzos suficientes por parte del Gobierno para construir capacidad estatal y llevar las instituciones públicas al territorio’.
El cese de las hostilidades entre el Estado y las FARC puso fin a décadas de conflicto armado en el país suramericano, sin embargo, luego de la desmovilización de esa fuerza insurgente sus zonas de control quedaron a merced de otros grupos armados ilegales.
Esa es en primera instancia la razón por la que han proliferado los grupos armados ilegales, y en consecuencia los niveles de violencia para hacerse con el control de esas regiones, en las que están registrados los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y la paz, exguerrilleros de las FARC y activistas medioambientales.
Así lo ve el docente de la Universidad del Rosario, Juan Fernando Vargas, autor del referido estudio cuando señala que ‘el acuerdo de paz ha generado dinámicas de lucha armada territorial, las cuales han derivado en fenómenos como el asesinato de líderes sociales, la deforestación y el aumento de cultivos ilícitos’.
Con el análisis anterior coincide el informe de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reporta la preocupación del organismo internacional por el incremento de estos actos de violencia desde 2014, año en que las FARC declaró un cese al fuego unilateral.
El documento destaca que los asesinatos acontecen en zonas ‘donde la presencia del Estado en insuficiente’, y ubica a los principales escenarios en los municipios más pobres, también en localidades con condiciones propicias para el florecimiento de economías ilícitas relacionadas directamente con el narcotráfico.
La representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, señaló al respecto que a esa instancia le preocupa la falta de la adopción de políticas en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo.
El organismo internacional señaló en el informe que durante el 2020 Colombia fue escenario de 76 masacres donde perdieron la vida 292 personas, además registró el homicidio de 133 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 73 desmovilizados de las FARC.
Las cifran difieren mucho de las aceptadas por el gobierno de Duque que fija en 66 la cantidad de líderes sociales y defensores de derechos humanos ultimados durante el pasado año; mientras el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta 310 en igual periodo.
Según Indepaz, también es mayor la cantidad de masacres registradas en 2020, con 91 hechos de este tipo y 381 víctimas mortales. En cuanto a los exguerrilleros confirma el asesinato de 64.
El gobierno de Duque asegura que la diferencia entre las cifras manejadas por cada instancia responde a la metodología empleada, sin embargo, podría haber más que diferencias técnicas.
La administración de Duque desde sus inicios minimiza el impacto de la violencia en el país suramericano, también desconoce la existencia del conflicto interno, no solo entre el Estado y el paramilitarismo y el narcotráfico, también con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, fuerza que opera desde mediados de la década de 1960.
Así evade la responsabilidad de los cuerpos castrenses, implicados de manera directa en miles de muertes como los llamados falsos positivos (civiles asesinados por militares y reportados como combatientes enemigos), un tema muy delicado porque implica a altas esferas de varias administraciones colombianas y a la cúpula militar.
El papel de Estado en temas de seguridad interna se ha visto comprometido por los resultados tan distantes del discurso oficial en materia de seguridad, sobre todo para un país que destinó en 2020 casi nueve mil millones de dólares al presupuesto de defensa, el más alto de la región.
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