De acuerdo con la organización radicada en el Reino Unido, en 2020 asesinaron como promedio a cuatro activistas y defensores de tierras y ecosistemas por semana, lo que lo convierte en el año más letal desde que comenzó a investigar y exponer violaciones de los derechos humanos y medioambientales en el sector maderero, petrolero y minero en 1993.
El informe anual publicado este lunes aquí señala que tres de cada cuatro ataques ocurrieron en América Latina, región que ocupa siete de los 10 primeros puestos por países en la nefasta lista, con un total de 165 asesinatos.
Después de Colombia, México es segundo con 30, mientras que en Filipinas se documentaron 29 asesinatos de ambientalistas el año pasado, seguido de Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12) y Perú (6).
El 30 por ciento de los ataques, que según Global Witness podrían ser muchos más debido a las dificultades para verificar las informaciones, estuvieron vinculados a la explotación maderera, la construcción de represas para hidroeléctricas, la minería y los proyectos agropecuarios en gran escala.
Estas cifras muestran el costo humano de la destrucción provocada por las industrias y las corporaciones explotadoras, señaló la organización defensora de los derechos humanos.
La entidad menciona en particular el caso del líder indígena de la etnia Kumiai Oscar Eyraud Adams, asesinado por oponerse a explotación industrial que amenazaba con dejar sin agua a comunidades en Baja California, México.
Los defensores de las tierras y del medioambiente están en riesgo porque viven en o cerca de algo que las corporaciones les interesa, añade el reporte.
Esa demanda por más ganancias de la forma más rápida y barata posible se traduce por lo general en el entendimiento de que las personas que causen problemas deben desaparecer, advirtió el ambientalista y escritor estadounidense Bill McKibben en uno de los comentarios del informe.
Entre las recomendaciones que hace Global Witness destacan el llamado a Naciones Unidas para que el derecho humano a un medioambiente sostenible, saludable y seguro, y a que se garantice su protección en los compromisos que se adopten en la venidera cumbre sobre el clima.
También exhorta a los gobiernos a implementar políticas que protejan la tierra y a los ambientalistas, y leyes que permitan juzgar a las empresas que cometan actos de violencia, a las que a su vez les pide que adopten una posición de cero tolerancia frente a ese tipo de manifestaciones.
rgh/nm
