Ante la Fiscalía Departamental de La Paz demandaremos a quienes firmaron el Decreto Supremo 4078, que promovió graves violaciones a los derechos humanos a fines de 2019, explicó David Inca, delegado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de El Alto.
En declaraciones a Radio Patria Nueva, consideró que el Ministerio Público olvidó iniciar procesos ordinarios penales contra aquellos que firmaron esa norma, por lo cual pedirán la actuación correspondiente.
Estamos puliendo los detalles del memorial, para oficializarlo entre miércoles y viernes, precisó Inca a nombre de familiares de fallecidos, heridos, detenidos y torturados en los mencionados hechos violentos.
Dentro de la reparación a las víctimas se debe incorporar a las personas detenidas, procesadas o torturadas indebidamente durante el gobierno de facto de Añez y también quienes sufrieron malos tratos por parte de personal médico, comentó.
No existe una investigación relacionada con los torturados en las cárceles, ni para identificar a ese personal de blanco que en los hospitales y clínicas torturaron a los heridos, señaló.
El Decreto Supremo 4078 promulgado el 15 de noviembre de 2019 por la presidenta golpista eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas en las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y además en la zona Sur de La Paz.
El informe de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentado a fines del pasado agosto a las autoridades nacionales y a la sociedad boliviana cuestionó la medida pues -subrayó- buscó dotar de cobertura legal a la represión.
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