La tortura y desaparición de personas por parte de funcionarios estatales es una grave violación de los derechos humanos y no puede llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia, dijo ante la Cámara Baja el ministro de Justicia, Somsak Thepsutin.
Un proyecto de ley para prevenir y castigar a los funcionarios estatales deshonestos que secuestran y torturan a sospechosos fue aprobado inicialmente por el gabinete en 2016, pero no llegó a ratificarse.
El avance de esta legislación, de la cual un borrador fue aprobado por el gabinete en junio, coincide con la presunta tortura y asesinato de un sospechoso de drogas por seis policías, cuyas imágenes se volvieron virales el mes pasado.
Según el borrador, cualquier persona declarada culpable de tortura y desapariciones forzadas enfrenta fuertes multas y penas de cárcel de cinco a 15 años.
Esta pena sería aumentada a 10 a 25 años si la víctima está gravemente herida, y de 15 a 30 años o de por vida en caso de muerte.
El presidente de la Cámara Baja, Chuan Leekpai, informó que mañana jueves se realizará una votación sobre los distintos proyectos de ley, y se espera se apruebe una versión final a principios del próximo año.
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