En el momento en el cual rehúsa participar de un acto jurisdiccional, no es el Ministerio Público, sino la exmandataria quien obstaculiza el proceso, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Descartó que la oposición pueda apelar a una supuesta persecución política, pues -aseguró- resulta inexistente alguna instrucción o manipulación para que la máxima figura del país, tras la asonada anticonstitucional de 2019 sea objeto de una sanción administrativa.
Jauregui aclaró que Áñez y su defensa entorpecieron antes otras indagatorias, mientras -ejemplificó- el 26 de agosto sus doctores particulares se ausentaron a la junta médica para evaluar su situación psicológica.
El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, informó la víspera que la exgobernante, detenida en el penal de Miraflores, no asistió a una audiencia virtual previamente notificada.
Por tal motivo un consejo multidisciplinario determinó tres días sin visita para la privada de libertad, sostuvo el funcionario, al aclarar que esa sanción no incluye al personal de blanco y a sus abogados.
Áñez, exministros y colaboradores se encuentran recluidos desde el 13 marzo pasado bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración.
A la primera crearon un ambiente adecuado en la cárcel para atender sus problemas de salud y le autorizaron que un familiar la acompañe en las noches después atentar contra su vida el 21 de agosto último.
El caso denominado golpe de Estado incluye además imputaciones por la represión desatada tras los conflictos poselectorales, en noviembre de 2019 y la renuncia forzada del entonces presidente constitucional Evo Morales.
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