Según fuentes del gobierno citadas por los principales medios de este país, la medida estará vigente desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre próximo cuando expirará el estado de emergencia derivado de la pandemia.
La norma prevé multas de 600 a mil 500 euros para los transgresores y la suspensión del pago de salarios, en determinadas circunstancias, para quienes acudan a su lugar de trabajo sin el documento.
Al mismo tiempo, exige a las farmacias precios módicos controlados para las pruebas rápidas, las cuales podrán exhibir como evidencia quienes no posean el correspondiente certificado de vacunación, indicaron las fuentes.
Mediante otro decreto aprobado hace una semana, el gobierno emitió una disposición similar respecto a las instituciones escolares, educativas y de formación profesional.
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