El Congreso de la República aprobó anoche una ley interpretativa de la Constitución que impide al ejecutivo hacer cuestión de confianza sobre cuestiones que competen al órgano legislativo o se refiera a temas constitucionales, lo que el diario La República interpretó como una arbitrariedad.
También proscribe el concepto de negación fáctica de la confianza al gabinete ministerial, a la que apeló el expresidente Martin Vizcarra para disolver el Congreso en septiembre de 2019.
Tras ese incidente, el Tribunal Constitucional (TC) avaló la decisión presidencial y dictaminó que, en función del equilibrio de poderes, el Gobierno puede apelar a esa medida prácticamente en cualquier situación, lo que contradijo anoche el parlamento al aprobar la reforma.
La bancada del partido gobernante Perú Libre argumentó que solo el TC puede interpretar la carta magna y el Congreso…solo puede hacerlo con leyes vigentes y denunció que la medida apunta a la vacancia presidencial, de la que en semanas recientes han hablado abiertamente sectores de oposición.
Los legisladores de ese partido denunciaron también que el procedimiento para una medida que afecta a la Constitución debe ser una reforma y no una ley interpretativa, y la mayoría opositora usó la segunda porque no contaba con el apoyo necesario para la primera (dos tercios de votos) y tomaba más tiempo. ‘Ahora el ejecutivo se asemeja a un boxeador que sube al ring con un brazo atado’, comentó el ex asesor presidencial Alberto Adrianzén, quien señaló que la derecha rompió el equilibrio entre los poderes al limitar la capacidad de respuesta del Gobierno para
enfrentar los ataques, chantajes y obstrucciones de la oposición.
El desequilibrio, dijo, se agrava porque el ejecutivo mantiene la facultad de vacar al mandatario por ‘incapacidad moral’, la que puede interpretar irrestrictamente
Adrianzén advirtió que lo sucedido es ‘un paso más para que la oposición ‘domestique’ al ejecutivo y, si ese camino no funciona, el Congreso destituya al Presidente por ‘incapacidad moral».
Añadió que lo democrático hubiera sido debatir y aprobar una reforma constitucional que recorte las causas de la cuestión de confianza y acote también los casos en que puede disolverse el Congreso.
El exjuez del TC César Landa señaló que la ley aprobada es inconstitucional porque la carta magna vigente no otorga al Parlamento la facultad de interpretar la Constitución.
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