Una declaración de su Comité Ejecutivo Nacional criticó al respecto el caso de un recluso secuestrado por otros durante casi dos meses y sometido a tratos crueles y degradantes, mientras se encontraba en una penitenciaría bajo la custodia de las autoridades.
Para el PS la LUC contribuye a su vez a la saturación del sistema penitenciario ‘y, por ende, a la violencia institucional sistemática a la que es sometida la población privada de libertad, que encuentra como primer y única solución el encierro despiadado’.
Señaló que los reclusos se hallan bajo condiciones contrarias a la dignidad y los derechos humanos, a la ley, a la Constitución de la República y a los tratados internacionales suscritos por Uruguay.
‘De esto el Estado es responsable y, por ende, debe responde porque las responsabilidades no sólo le caben al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo sino también al sistema judicial del país’, expresó el comunicado.
Una parte de los 135 artículos de la LUC, que eventualmente serán sometidos a referendo revocatorio, están dedicados al aumento de penalizaciones hasta en delitos menores con más encarcelamientos sin otras alternativas correctivas, que saturan cárceles sin los recursos necesarios.
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