Por 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones, el pleno de la asamblea aprobó el artículo 23 del reglamento de ética donde se define el concepto de negacionismo, entendido como toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice los delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
También se incluyen las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este; así como las atrocidades y el genocidio cultural de que han sido víctimas los pueblos originarios y afrodescendientes a través de la historia.
La Convención acordó, además, tipificar la desinformación a través de un medio físico o digital de un hecho presentado como real, cuando se conoce o se debe saber que es falso.
Instalada el 4 de julio, esta asamblea ha enfrentado una fuerte campaña, sobre todo desde las redes sociales, para intentar desacreditar su trabajo que -según el Centro de Investigación Periodística (Ciper)- tiene los ribetes de una ‘guerrilla digital’.
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