El organismo que administra y controla la justicia se encontraba disfuncional luego del fallecimiento de Sylvestre por Covid-19, y el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio.
Desde entonces el Ejecutivo era el único poder efectivo, ya que el Parlamento perdió en enero de 2020 a todos sus diputados y a dos tercios de los senadores.
A mediados de septiembre 338 magistrados de las 18 jurisdicciones enviaron a Henry una petición para exigir la instalación de los miembros de la IV Judicatura del CSPJ, antes de la apertura del año judicial prevista para el lunes próximo.
También recomendaron al jefe de Gobierno ‘recibir su juramento seguido del regreso a funciones de la IV Judicatura, para evitar cualquier situación tendiente al bloqueo total del sistema judicial en un momento en que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes’.
La inexistencia del CSPJ afectó el funcionamiento y regulación de los tribunales, además de violar el derecho de los litigantes a la protección contra los abusos por parte de determinados jueces, y agrava la prisión preventiva prolongada, subrayaron los magistrados.
Por su parte, las asociaciones de jueces pidieron al primer ministro instalar a los miembros del CSPJ y señalaron que la obligación de esta instancia es trabajar en particular por la independencia de la justicia.
A pesar del consenso, organizaciones de derechos humanos criticaron la juramentación por parte de Henry, mientras señalan que el organismo solo debe ser instalado por el jefe de Estado, en presencia de los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, tal como exige la ley.
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