Los ataques estuvieron motivados por declaraciones del expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, fugitivo de los tribunales nipones, quien dijo en el Líbano que el órgano judicial de la nación asiática está «manipulado» y niega los derechos humanos básicos.
Ghosn huyó de su arresto domiciliario en los días de fin de año y expresó que estuvo detenido por un largo tiempo en Japón por malos manejos financieros y lo llamó un sistema de «justicia de rehenes».
El fugitivo de nacionalidad libanesa, francesa y brasileña narró su confinamiento de 130 días, incluido un régimen en solitario, interrogatorios de ocho horas y permiso de 30 minutos al día fuera de su celda.
En su página en Internet, el Ministerio negó los reclamos y explicó que el sistema del país «no obliga a las confesiones al detener indebidamente a sospechosos y acusados».
Una sección sobre dudas frecuentes presentó 14 preguntas y respuestas en japonés e inglés y ofreció una explicación punto por punto sobre el sistema judicial.
La ministra de Justicia, Masako Mori, expresó a la prensa que su entidad continuará asegurándose de que el público comprenda correctamente las disposiciones legales de Japón.
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