Ni siquiera la falta de progreso en las negociaciones bilaterales que iniciaron poco después para definir los términos de su nueva relación comercial hizo prever la crisis actual, pues siempre hubo esperanzas de un arreglo de última hora, o que en el peor de los escenarios, Londres y Bruselas tuvieran que regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Sin embargo, el primer ministro conservador del Reino Unido, Boris Johnson, dio un puntapié al tablero la semana pasada, cuando presentó al Parlamento británico un proyecto de ley para el comercio interno, que de convertirse en ley, cambiaría la letra de algunas secciones del Tratado de Retirada, sobre todo en lo concerniente al trasiego de mercancías a través de Irlanda del Norte.
Según Johnson, la propuesta busca proteger los puestos de trabajo y el crecimiento económico, y garantizar la fluidez del comercio en todo el territorio nacional, una vez concluya el periodo de transición acordado con la UE.
El bloque europeo, ya de por sí molesto con la intransigencia británica a aceptar sus peticiones sobre las cuotas pesquera y las regulaciones que evitarían la competencia desleal en la era post-Brexit, de inmediato puso el grito en el cielo, pues considera que el proyecto de ley viola la letra del tratado de retirada, y acusó a Londres de minar la confianza entre ambos.
La cúpula del bloque de 27 países incluso envió al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Safcoviv, a Londres para pedirle explicaciones al gobierno británico, y darle de plazo hasta fin de mes para que retire la propuesta, o de lo contrario, la UE se verá obligada, dijo el funcionario, a mecanismos de arbitraje contemplados en el acuerdo del Brexit.
La consternación por los planes de Johnson de desafiar el derecho internacional no es exclusiva de la UE, pues el proyecto de ley, cuyo primer debate tendrá lugar este lunes en la Cámara de los Comunes, enfrenta una creciente oposición, incluso dentro del gobernante Partido Conservador.
El exprimer ministro David Cameron se convirtió este lunes en el cuarto exgobernante británico que se pronuncia contra la revisión unilateral del tratado de retirada, por considerar que afectaría la reputación del Reino Unido como nación.
Aprobar una ley en el Parlamento y luego incumplir una obligación adquirida mediante la firma de un tratado internacional sería la última opción a contemplar, aseveró Cameron poco después de que Theresa May, Gordon Brown, Tony Blair y John Major, también criticaron la propuesta de Johnson.
Pese a contar con una mayoría parlamentaria desde las elecciones generales de diciembre pasado, el gobierno no la tendrá fácil para salirse con la suya, pues algunos legisladores conservadores influyentes como el exfiscal general Geoffrey Cox ya anunciaron que votarán contra el proyecto de ley.
Al igual que ocurrió cuando la discusión del acuerdo del Brexit, que extendió la saga durante varios meses más de lo previsto y le costó el puesto a May, Irlanda del Norte vuelve a ser la manzana de la discordia en esta nueva saga del culebrón.
El tratado de retirada original que entró en vigor en enero pasado prohíbe las fronteras físicas y los chequeos aduanales para las mercancías que crucen la línea divisoria entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, como una forma de garantizar la continuidad de los acuerdos de paz de 1998.
Otro de los acuerdos incluidos en el pacto del Brexit fue que, a diferencia del resto del Reino Unido, Irlanda del Norte se mantendría dentro del mercado común europeo, y que las compañías que trasladen mercancías desde este último territorio hacia Inglaterra, Gales y Escocia tendrían que llenar formularios de exportación.
Cualquier cambio o revisión de esos términos serán conducidos por una comisión conjunta, pero bajo el proyecto de ley de Johnson, los ministros británicos tendrían potestad absoluta para ignorar o desechar esas regulaciones aduanales, al igual que la parte del protocolo donde se dice que el Reino Unido deberá seguir las reglas de la UE sobre la ayuda estatal a las compañías que hacen negocios en Irlanda del Norte.
Las autoridades británicas también se arrogarían el derecho unilateral de decidir cuáles de los productos que se mueven entre Gran Bretaña y el territorio norirlandés corren el riesgo de ser exportados hacia el área europea.
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