La llamada ley sobre el mercado interno sobrevivió anoche por un margen de 77 votos (340 a favor y 263 en contra) a su primer escrutinio, apuntalada, sobre todo, por la mayoría parlamentaria que ostenta el gobernante Partido Conservador desde las elecciones generales de diciembre pasado.
No obstante, 30 diputados conservadores se abstuvieron y dos votaron en contra, y no se descarta que un número mayor de correligionarios del primer ministro Boris Johnson haga pública su oposición antes de la votación final.
El proyecto de ley, defendido a capa y espada por Johnson, levantó un gran revuelo porque, por un lado, pone en entredicho la reputación del Reino Unido al violar a sabiendas un tratado internacional ya rubricado, y por otro, acrecienta las probabilidades de que Londres y Bruselas concluyan su divorcio en malos términos.
La propuesta viola el derecho internacional, según admitió el propio gobierno británico, al pretender cambiar de forma unilateral los acuerdos ya rubricados sobre los chequeos aduanales para las mercancías que entren a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña, y la ayuda estatal a las empresas que hacen negocios en ese territorio perteneciente al Reino Unido.
Según el gobernante, el objetivo es proteger los puestos de trabajo y el crecimiento económico del Reino Unido, y garantizar la fluidez del comercio en todo el territorio nacional, en caso de que las actuales negociaciones bilaterales post-Brexit no lleguen a ningún lado.
Johnson, quien firmó el tratado de retirada que ahora se dispone a cambiar de forma unilateral, lanzó ayer un duro ataque contra la UE, anticipándose, al parecer, a la reacción de sus antiguos aliados.
En declaraciones ante la Cámara de los Comunes previo al primer debate, el primer ministro británico acusó al bloque de negociar la futura relación comercial bilateral con un “revolver sobre la mesa”.
Por absurdo y derrotista que pueda parecer, y aún en momentos en que celebramos este debate, la UE no ha quitado ese revolver la mesa, aseveró Johnson, en alusión a las estancadas conversaciones post-Brexit.
Para la UE, ya de por sí molesta con la intransigencia británica a aceptar sus peticiones sobre las cuotas pesquera y las regulaciones que evitarían la competencia desleal en la era post-Brexit, el proyecto de ley reniega del tratado de retirada, por lo que acusó a Londres de minar la confianza entre ambos, y le dio de plazo hasta finales de este mes para retractarse.
Para Johnson, sin embargo, esas advertencias son una señal de que el bloque europeo pretende hacer una interpretación extrema del protocolo para Irlanda del Norte, e imponer aranceles aduaneros dentro del territorio británico, y dividir el Reino Unido.
Nosotros no podemos imaginar una situación en la que las líneas fronterizas de nuestro país sean dictadas por una potencia extranjera o una organización internacional. Ningún primer ministro británico, ningún gobierno, ningún parlamento podría aceptar tal imposición, advirtió.
El parlamentario laborista Ed Milliban, quien tomó ayer la palabra en lugar del líder de la oposición, Keir Starmer, no se dejó llevar por la retórica chovinista del gobernante, y lo acusó de incompetente, y de practicar el “gamberrismo legislativo”, por pretender cambiar de forma unilateral un tratado internacional ya rubricado.
El futuro del controvertido proyecto de ley se conocerá la semana próxima, una vez que la Cámara de los Comunes termine de escudriñarlo a fondo antes de pasarlo a la Cámara de los Lores.
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