“La OEA jugó un papel de liderazgo en la creación de las condiciones para el derrocamiento del Gobierno democrático boliviano, luego de los comicios del año pasado en ese país”, indicó Mark Weisbrot, codirector del CEPR.
“Dicha organización rápidamente arrojó dudas sobre los conteos preliminares que mostraban a Evo Morales con una victoria en primera vuelta, emitiendo una declaración llena de falsedades sobre las elecciones un día después de su realización, y repitió estas falacias en múltiples comunicados”, agregó Weisbrot.
El funcionario recordó que, como informara el diario The New York Times, el ‘análisis defectuoso’ de la OEA «alimentó una cadena de eventos causantes de un cambio en la historia de la nación sudamericana, lo cual incluyó el golpe militar del 10 de noviembre”.
Investigadores del CEPR, al igual que otros expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Tulane, y la Universidad de Michigan, y otros más reportados por el The New York Times, realizaron análisis estadísticos de los resultados de las elecciones de Bolivia en 2019.
Todos concluyeron que la OEA no tenía evidencias para sustentar sus acusaciones de que un fraude había afectado el resultado electoral.
Más de 130 economistas y estadísticos llegaron a la misma conclusión.
Sin embargo, la OEA sigue esquivando los cuestionamientos y se negó a aceptar responsabilidad alguna por sus acciones.
Incluso envió al mismo jefe de misión del año pasado para liderar la próxima observación.
El International Crisis Group (ICG) advirtió que el papel de la OEA en deslegitimar las elecciones de Bolivia el año pasado socavará la confianza en el rol que la organización desempeñará este año.
“La controversia sobre los hallazgos de la OEA ha opacado aún más su papel como árbitro imparcial”, escribió el ICG en una reciente sesión informativa.
Según los reportes de la prensa, los casi 11 meses de gobierno de facto se han caracterizado por violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen masacres por parte de las fuerzas de seguridad, ataques racistas y persecución de opositores políticos.
Pero la OEA ha guardado silencio sobre todos esos incidentes, y en su lugar dio crédito a los llamados alarmistas del gobierno de facto.
Debido a ello, de acuerdo con analistas, las acciones y declaraciones de la OEA podrían promover nuevamente la violencia y la inestabilidad.
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