Durante la asamblea será sometido a votación el proyecto de gobierno para al año fiscal 2020-2021, presentado el último 5 de octubre por la presidenta Sahle-Work Zewde en una sesión conjunta de la HoPR y la Cámara de la Federación (HoF).
Zewde anunció que trabajará para garantizar la solidez y efectividad del orden constitucional e intentará establecer una dinámica de desarrollo económico sostenible e integral.
Su programa comprende la realización de elecciones generales, acciones para garantizar la seguridad nacional y la puesta en funcionamiento de dos turbinas de la Gran Presa del Renacimiento.
También incluye instrucciones enfocadas a elevar la calidad de los servicios públicos, de manera especial los de salud y educación, igual en instituciones públicas que en privadas, entre otras gestiones.
Sin embargo, esos asuntos esenciales para el bienestar de más de 109,2 millones de habitantes (dato oficial de 2018) generan menos interés que el contexto en el cual sucederá el encuentro extraordinario.
Como ocurrió el 5 de octubre y en las sesiones ordinarias de la HoPR, el enfrentamiento entre el gobierno federal y la administración de Tigray caracterizará el encuentro de este lunes.
Liderada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), la región rechazó el aplazamiento de los comicios generales, una decisión adoptada por la Junta Nacional Electoral debido a la situación sanitaria por la Covid-19 y aprobada en el Parlamento.
Para el TPLF, ya expiró el mandato de las dos cámaras, el Consejo de Ministros y del propio Ahmed, a quien acusó de aprovechar la pandemia como excusa para permanecer en el poder y crear así un escenario constitucionalmente ilegal.
En septiembre el estado regional efectuó votaciones, consideradas sin efecto por el Parlamento, más tarde retiró a sus ocho representantes de la HoF y los 38 de la Cámara baja y sus dirigentes declararon que no cumplirán lo estipulado por el órgano legislativo.
El gobierno federal rompió relaciones con el consejo y las entidades ejecutivas formadas tras la elección, y solo mantiene vínculos con instituciones legales para promover el crecimiento de servicios básicos.
Muchos esperan una reacción gubernamental contundente, algunos hablan incluso de la movilización de fuerzas armadas para hacer valer el estado de derecho, pero Ahmed, Premio Nobel de la Paz en 2019, descartó esa posibilidad.
Además, hay expectación respecto a qué medidas serán adoptadas contra los integrantes del TPLF que rechazan una disposición legal y, al no asistir a una sesión convocada por la dirección de la Cámara, violan el código de conducta.
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