‘Somos el portavoz de las organizaciones sindicales, las notas y denuncias que nos llegan las estamos transmitiendo a nuestra Asamblea Legislativa como un poder del Estado. Estamos hablando de los juicios de responsabilidad a exautoridades del golpe de estado’, declaró Juan Carlos Huarachi, secretario general de la COB.
Tras reunirse con Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, y con dirigentes sindicales, Huarachi precisó que los responsables del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales (2006-2019), en noviembre de 2019 y miembros del régimen golpista deben ser procesados también por corrupción y daños a la salud.
La Asamblea Legislativa Plurinacional recibió el 21 de octubre pasado el informe final de la comisión mixta, presidida por el diputado Víctor Borda, que registró 37 muertos en los conflictos de Ovejuyo y Senkata (La Paz), Huayllani (Sacaba), Montero (Santa Cruz) y Betanzos (Potosí).
De los fallecidos, 27 fueron por proyectiles de bala, algunos con calibre 22, otros con calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62, agregó. El 15 de noviembre de 2019 un enfrentamiento entre movilizados que rechazaban la asonada golpista contra el líder aymara y la Policía en el puente de Huayculli dejó un saldo de cinco fallecidos y decenas de heridos.
La represión contra manifestantes opuestos al gobierno de facto durante una operación policial-militar para desbloquear las rutas desde la planta de gas de Senkata, cuatro días después, dejó un saldo de 10 muertos.
Los hechos documentados por la misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desplegada en Bolivia fueron calificados como graves violaciones de los derechos humanos.
Otras demandas judiciales contra Áñez y miembros de su Ejecutivo están relacionadas con la compra irregular de respiradores artificiales no aptos para pacientes con la Covid-19.
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