Su antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021) redujo constantemente el límite anual solicitantes de los 110 mil que el presidente Barack Obama (2009-2017) dijo podrían ingresar a este país en 2016 a solo 15 mil para el año fiscal actual, un mínimo histórico.
Pero la logística asociada a este proceso de admisión de extranjeros que Biden explicará este jueves en una reunión en el Departamento de Estado está muy afectada, pues algunos funcionarios fueron reasignados a otros puestos en el exterior, lo que dejó a muchos solicitantes de asilo esperando su turno para las entrevistas.
Las nuevas proyecciones para la admisión de estos inmigrantes pondrá a Biden frente a una barrera política que dejó su predecesor: un sistema de reasentamiento destruido e incapaz de procesar rápidamente a las decenas de miles de personas desesperadas que al gobernante demócrata le gustaría dejar entrar, destaca este jueves el diario The New York Times.
Despojado de personal y debilitado por los efectos de la pandemia, el programa de refugiados del gobierno simplemente no está equipado para recibir una avalancha de extranjeros que huyen del desastre en sus lugares de origen, dijeron expertos citados por el rotativo neoyorquino.
La ley obliga al presidente a consultar primero al Congreso sobre sus planes antes de tomar una decisión definitiva sobre este complejo tema que según expertos pudiera encontrar una seria oposición entre los legisladores republicanos más conservadores, adversarios jurados de un flujo masivo de inmigrantes a la nación norteña, aunque en este asunto el presidente tiene ciertas facultades.
De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), la acumulación de decenas de miles de casos en el gobierno de Trump hace poco probable que este año se logre el objetivo de Biden de reasentar a 125 mil refugiados.
Aunque el Congreso mantuvo un nivel estable de financiamiento para el programa de refugiados del Departamento de Estado, unos tres mil millones anuales desde 2015, un plan gubernamental para procesar y reasentar a las personas calculó que apenas disponía de 814 millones este año, un reflejo de las limitaciones que enfrentará la administración.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración fueron financiados para solo 235 oficiales en el cuerpo de refugiados en el año fiscal que terminó el 1 de octubre, en comparación con 352 en 2017, según los documentos presupuestarios proporcionados al Congreso y obtenidos por The New York Times.
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