En opinión de expertos, la investigación continúa en el limbo debido a las rivalidades políticas y confesionales que frustraron intentos pasados de descubrir la verdad.
Lo que comenzó como una encuesta policíaca para determinar cómo detonaron casi tres mil toneladas de nitrato de amonio mal almacenados durante años, dio un giro con la entrada de intereses de evitar que salga a flote la verdad, opinaron los observadores.
Los funcionarios rechazaron participación internacional y nombraron al exjuez de un tribunal militar Fadi Sawwan, quien centró sus interrogatorios en probar la incompetencia del Estado.
Mientras, la ira pública es notoria y creciente en especial en los familiares de los casi 200 muertos causados por la detonación del 4 de agosto.
En una rara decisión, Sawwan acusó de negligencia a dos exministros y al actual primer ministro interino, Hassan Diab.
Este último se negó a comparecer y consideró diabólica la acusación, en tanto que los otros dos extitulares reclamaron al tribunal de más alta instancia, la sustitución del jurista.
Desde el pasado 17 de diciembre, la investigación se mantiene detenida, al tiempo que el Ministerio del Interior evitará emitir órdenes de arresto contra figuras públicas, según precisó en un decreto.
A principios de enero pasado, el Tribunal de Casación dictaminó que Sawwan podía reanudar la pesquisa, aunque en realidad no ha hecho nada por reactivarla.
Se teme que haya cedido a presiones mayores, apuntan familiares de las víctimas.
‘Queremos saber si no lo dejan’, dijo Kayan Tleis, cuyo hermano de 40 años de edad murió en la explosión.
Las facciones políticas apoyadas en bases sectarias detentan el poder en Líbano desde siempre y aunque rivales, encuentran fórmulas comunes para evitar rendir cuentas cuando la verdad pone en peligro la naturaleza del sistema, alegan los expertos.
El gobierno y el presidente nombran a los jueces, que a su vez dependen de un reparto establecido en la Constitución de equilibrio entre musulmanes y cristianos que da paso a la instalación de leales sin importar competencia.
Al menos 25 personas prestaron testimonio respecto a la detonación de la terminal portuaria que destruyó las residencias de unos 300 mil capitalinos y ocasionó miles de millones de dólares en pérdidas.
La mayoría de los interrogados corresponde a personal portuario sin responsabilidad alguna sobre cómo casi tres mil toneladas de la sustancia explosiva estuvieron mal custodiadas en el muelle 12 desde 2013.
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