El legislador derechista es imputado por el Ministerio Público por ese y otros delitos, pero por ser legislador, tiene derecho a una especie de antejuicio parlamentario.
La decisión de denunciarlo ante la Comisión Permanente se concretó con 11 votos a favor, tres en contra y una abstención, cundo faltan menos de seis meses para que termine la gestión parlamentaria del acusado termine su mandato, en julio próximo.
La medida se concretó tras largos meses de sucesivas postergaciones y otras demoras que permitieron a Alarcón continuar como activo integrante de la coalición conservadora informal que controla el Congreso de la República.
Desde esa posición jugó un rol clave para la vacancia (destitución), en noviembre de 2020, del presidente Martín Vizcarra, por difundir grabaciones furtivas comprometedoras para el mandatario, lo que desató una grave crisis política.
El Ministerio Público reclama la revocación de la inmunidad parlamentaria de Alarcón, a quien acusa de enriquecimiento ilícito y otros delitos cometidos presuntamente cuando era contralor general de la República, paradójicamente un organismo que vela por el uso correcto de los recursos del Estado.
El congresista es acusado también por manejos irregulares de fondos de la Contraloría, como pagos no autorizados a altos funcionarios, y por no cumplir la dedicación exclusiva al cargo de contralor exigida por la ley, pues paralelamente se dedicaba a la compra y venta de automóviles de lujo.
El informe de la subcomisión que denuncia al excontralor será sometido a la Comisión Permanente y si esta lo aprueba, Alarcón será enjuiciado.
Los hechos que se le imputan son anteriores a su elección como congresista, en enero pasado, pese a lo cual la inmunidad parlamentaria lo protegía.
Una reforma constitucional recortó la inmunidad parlamentaria en caso de delitos comunes y cometidos antes de que el autor sea elegido congresista.
otf/mrs/gdc
