De este modo, los diputados José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), persiguen establecer la Ley contra las Puertas Giratorias en el Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de frenar la corrupción pública.
El proyecto de la Cámara 508 ampliaría, además, las restricciones a los funcionarios públicos de sostener relaciones profesionales con negocios o personas sobre las cuales ejercieron acciones oficiales durante su gestión.
Los diputados del MVC y el PPD destacaron que cada vez es más común que personas salen del gobierno a laborar como cabilderos, influenciando a sus colegas o antiguos supervisores en el gobierno para favorecer intereses privados.
Expusieron que existe la posibilidad de que un funcionario público se deje influenciar en la toma de decisiones oficiales o que un legislador decida apoyar, suscribir u oponerse a cierta legislación ante una promesa implícita o explícita de trabajo lucrativo en el sector privado.
Estas prácticas se conocen en conjunto como las ‘puertas giratorias’ mediante las cuales funcionarios públicos oscilan entre el servicio gubernamental y lucrativos trabajos en el sector privado, donde explotan la influencia, los contactos y el conocimiento adquirido en el sector público, precisaron.
La prohibición del cabildeo por cuatro años aplicaría al gobernador y sus asesores, jefes de agencias, senadores, diputados y alcaldes.
Esta medida legislativa también duplicaría el periodo por el cual un funcionario público tiene prohibido contratar o mantener relaciones de negocio con personas sobre las cuales desempeñó acciones oficiales.
Actualmente esa restricción se extiende por un año por lo que se enmendará el Código Anticorrupción y la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental.
‘Estamos estableciendo lo que en otros lugares se conoce como periodos de enfriamiento, de manera que por un tiempo razonable estos exfuncionarios públicos no utilicen sus contactos y el acceso a información privilegiada que tuvieron en beneficio de intereses privados’, expresó el diputado Márquez.
Destacó que esto lo hemos visto en demasiadas ocasiones y nos parece una práctica antiética que amerita legislación.
El caso más notable de puerta giratoria en Puerto Rico corresponde al exgobernador Luis G. Fortuño, que después de entregar la autovía PR-22 a Metropistas, subsidiaria de una empresa española, obtuvo una dispensa y se integró a su junta de directores.
Ese contrato permite que cada año, por cuatro décadas, se incremente el coste de peaje por la autovía PR-22 y la PR-5, que también se privatizó.
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