Algunas de las familias durmieron en la calle, mientras las autoridades articulan acciones para poder reubicarlas pues hay menores de edad, señaló Harold Cortés, representante ante el Ministerio Público de Cali, ciudad hacia donde se desplazaron.
Llegaron a diferentes zonas, en muchos casos se activan distintas ayudas, sobre todo de orden social, pero hay quienes continúan sin hacer declaración como víctimas, agregó el funcionario a través de la cadena RCN Radio.
El proceso es difícil debido al contexto de Covid-19 agravado en Cali, por lo cual pidió el acompañamiento de la administración nacional encabezada por el presidente, Iván Duque.
El propio mandatario admitió el pasado martes las deudas históricas del país con ese esa región portuaria del Pacífico colombiano, en donde la crisis de seguridad pone en riesgo a 170 mil habitantes.
Sin embargo, analistas locales alertaron la falta de voluntad política para llegar realmente a la solución del fenómeno, al considerar seis grandes bandas criminales que se disputan el control territorial por el narcotráfico y el contrabando de armas.
Como símbolo de resistencia y rechazo a los hechos registrados, miles de bonaverenses salieron la víspera a la avenida principal, a unirse a una cadena humana para exigir paz para el territorio.
Los homicidios selectivos, desapariciones forzosas, reclutamientos de menores y enfrentamientos internos, tienen sumergidos en el temor a los comunitarios, quienes, en una sola voz, reclamaron atención.
Un balance presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en relación con lo ocurrido recientemente subraya las consecuencias de la presencia y el accionar de estos grupos, aunado al abandono estatal y la corrupción.
El conflicto interno en Buenaventura deja un saldo 22 asesinatos en enero de este año, frente a siete el año pasado, 38 enfrentamientos en 38 días y 12 desapariciones durante este 2021.
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