Ale tiene un perfil en Twitter, donde esconde la tristeza de sus ojos en una foto que solo muestra la mitad del rostro, como si aún sintiera vergüenza por las dos violaciones sexuales de que fue objeto, aunque confesó en un tuit que ninguna le duele tanto como ‘todo lo que viví en ese albergue’, ubicado en la capital de Panamá.
Contó que la institución ‘no abusó sexualmente de mí, pero si psicológicamente, me obligó a ser madre siendo yo una niña, me encerró durante ocho meses para obligarme a continuar con un embarazo, me alejaron de mi familia y ¿para qué? mucho fue lo que pasé en ese lugar y nunca lo perdonaré’.
El testimonio de Alexandra o Karelia, como también se identifica en redes sociales, fue el exabrupto de otra presunta víctima de abusos y maltratos a menores en albergues bajo supervisión estatal, creados para proteger a infantes en estado de vulnerabilidad, pero un reciente informe parlamentario mostró la otra cara de la moneda.
Lo que constituye un escándalo que trascendió las fronteras panameñas, obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias e instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.
Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo que fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo ‘emplazó’ al Gobierno a proceder con ‘carácter de urgencia’ en el sistema de protección a los más jóvenes.
A mediados del 2020, se presentaron denuncias penales luego de documentar los elementos probatorios de posibles delitos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, según una nota oficial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), parte integrante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Otras acciones informadas por el Mides incluyeron medidas administrativas y legales y la clausura de ocho de tales ‘hogares’, después de una investigación tras revelaciones de medios de prensa locales de lo que ocurría al interior de los recintos, con la complicidad del silencio de funcionarios superiores.
El aporte de medio centenar de testimonios y una investigación que duró seis meses, apoyó la denuncia realizada por el grupo creado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Parlamento que acopió ‘evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes’ en refugios para infantes.
Según el informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o con autorización provisional, incluso algunos de los que Senniaf desconocía su existencia y la mayor parte están administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas.
‘A algunos menores se les negaba la comida, a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba de los medicamentos’, reveló a la prensa la diputada suplente Walkiria Chandler, una de las integrantes de la comisión investigadora.
‘Nos llama la atención la inactividad de la institución, pues trabajadores sociales elevaron informes sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, pero en muchos casos se les destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que seguir conviviendo con sus abusadores’, añadió.
Aquellos polvos trajeron estos lodos y en medio de las consecuencias de actuaciones torcidas de adultos, la madre soltera Ale busca escapar de un pasado reciente que la golpea y el cual en ocasiones la empuja a ideas de suicidio, como confesó varias veces en la red social, donde vuelca sin reparos sus íntimos pensamientos.
Y como el amargo recuerdo a sus sufrimientos infantiles, las nuevas revelaciones sobre abusos la hicieron escribir en Twitter: ‘Me parte el alma y me llena de furia que estas cosas sigan sucediendo, no tiene perdón todo lo que le han hecho a esas niñas y niños’.
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