El 19 de noviembre de 2019, una operación policial-militar para desbloquear las rutas desde la planta de gas de Senkata, dejó un saldo de 10 muertos, en una matanza calificada por Naciones Unidas de grave violación a los derechos humanos.
Pobladores del Alto en protesta por la asonada golpista contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), bloquearon las vías por donde debía llegar el combustible a La paz y fueron reprimidos por los uniformados.
La Fiscalía departamental de La Paz informó el martes pasado que Valverde, entonces director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tenía conocimiento de ese operativo y asumió sus funciones como militar para ordenar el envío de seis carros blindados autorizados a disparar ante la amenaza de nuevos disturbios.
El fiscal Marco Antonio Cossío reveló que varios militares ubicados en los carros de asalto confirmaron la orden del general, consultada con el exministro de Hidrocarburos del régimen de facto, Víctor Hugo Zamora, lo que llamó la atención porque ocupaba un cargo civil sin facultades para esa decisión.
Cossío precisó que las pruebas recolectadas mostraron que los disparos causantes de los 10 fallecidos y varios heridos provinieron de esos vehículos y del interior de la planta, de ahí que Valverde también enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, entre otros.
Según el imputado, en espera de una audiencia de medidas cautelares, en esa ocasión cumplía con la ley y la orden del retorno de los blindados era para evitar ‘un mal mayor’. Las investigaciones por la masacre de Senkata fueron ampliadas a los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, actualmente prófugos de la justicia boliviana, por los delitos de incumplimiento de deberes y violaciones de la Constitución por firmar el decreto que autorizó el operativo.
Pese a la imputación contra Valverde, no es suficiente porque faltaría procesar a la mandataria de facto Jeanine Áñez, y a otros miembros de su Gobierno, declaró al diario argentino Página 12 David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto.
En la misma línea se pronunció Iván Hidalgo Mejía, herido por un disparo de arma de fuego en Senkata, quien aseguró al mismo rotativo que ‘la imputación no sólo debería ser para Valverde sino también para todo militar que disparó, para cada policía que torturó y lastimó violando nuestros derechos humanos’.
Asimismo, Juan Carlos Huarachi, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB) pidió al Parlamento acelerar el juicio contra Áñez, y exfuncionarios golpistas por ese y otros delitos.
‘Somos el portavoz de las organizaciones sindicales, las notas y denuncias que nos llegan las estamos transmitiendo a nuestra Asamblea Legislativa como un poder del Estado’, enfatizó Huarachi tras reunirse el 3 de febrero con Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores del país.
Por otra parte, el militar Alfredo Cuéllar, cumple prisión domiciliaria desde noviembre pasado en Cochabamba como parte de las investigaciones por el asesinato de 10 civiles durante un operativo militar y policial registrado el 15 de noviembre de 2019 en puente de Huayculli, Sacaba, durante protestas contra la asonada golpista contra el líder indígena.
Una comisión parlamentaria encargada de investigar los hechos reveló en su informe que el Instituto de Investigaciones Forenses determinó que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo Víctor Borda, al frente de esa comisión, confirmó que el informe final entregado a la Asamblea Legislativa el 21 de octubre pasado registra 37 muertos en los conflictos de Ovejuyo y Senkata (La Paz), Huayllani (Sacaba), Montero (Santa Cruz) y Betanzos (Potosí).
De los fallecidos 27 fueron por proyectiles de bala, algunos con calibre 22, otros con calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62, agregó.
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