El Ministerio Público informó que la operación incluyó el Instituto Nacional de Salud (INS), la Dirección General de Insumos médicos (Digemid) y los laboratorios de la Universidad Cayetano Heredia y de San Marcos, en busca de información sobre el Caso.
Esos laboratorios realizaron los ensayos de la vacuna de la empresa china Sinopharm y usaron dosis extra para la vacunación irregular y secreta de 587 personas, entre ellos más de un centenar de funcionarios, incluidos dos ministras que renunciaron tras el escándalo.
La indagación se refiere a los posibles delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y es paralela a la abierta al expresidente Martín Vizcarra y la excanciller, Elizabeth Astete, y la extitular de Salud, Pilar Mazzetti, que tienen fuero especial por los cargos que desempeñaron.
El escándalo estalló con la revelación de que Vizcarra se hizo vacunar cuando era presidente -antes de su destitución, el 9 de noviembre-, al igual que su esposa y un hermano, así como, bajo el actual gobierno, Astete y Mazzetti, quienes tuvieron que renunciar.
De otro lado, la primera ministra, Violeta Bermúdez, remarcó que las vacunas usadas irregularmente, sobre todo por la privada Universidad Cayetano Heredia, nada tienen que ver con las compradas a Sinopharm y utilizadas en la vacunación oficial.
El contralor general, Nelson Shack, reveló tras una indagación que en la nómina de vacunados hay 70 integrantes de 26 grupos familiares y 19 funcionarios incluyeron a sus allegados.
Tras el anunció gubernamental de que todos los funcionarios vacunados serán separados, Shack dijo que no basta con ello y ‘tienen que ser sancionados con una inhabilitación (veto laboral) en el sector estatal, pues han hecho algo gravísimo’.
También observo nombres inexistentes en el registro de identificación y otros repetidos, anomalías que investiga una comisión oficial enpeñada en identificar posibles vacunados, los cuales no figuran en la lista entregada por la Universidad Cayetano Heredia.
De otro lado, el semanario Hildebrandt en sus Trece publicó diversos casos de clínicas privadas que inmunizaron a su personal con los fármacos llegados como extra a los destinados a ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm.
Entretanto, casi a diario se registran protestas de médicos y enfermeras dedicados a atender casos de coronavirus, quienes reclaman por no haber recibido la vacuna en el proceso oficial, mientras el ministro de Salud, Óscar Ugare, aseguró que todos serán inmunizados.
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