En una conferencia de prensa virtual, De Soto anunció como canciller de su ‘gabinete de oposición constructiva’ a Francisco Tudela, considerado de extrema derecha.
Tudela fue canciller y vicepresidente del gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000) y actualmente integra el movimiento Coordinadora Republicana, de políticos, empresarios, periodistas y expresidentes de similar posición.
Como hipotético ministro de Defensa, nominó al general retirado José Williams Zapata, quien postula al Parlamento por el grupo que lanzó a De Soto, Avanza País, y dice que de ser elegido gestionará más apoyo a cientos de exmilitares con juicios pendientes por violaciones de derechos humanos.
Zapata encabezó el asalto por tropas de elite a la residencia del embajador de Japón en Perú, en abril de 1997, de rescate de rehenes cautivos de un grupo armado, cuyos 14 integrantes murieron en la acción, al igual que un rehén.
El entonces oficial fue juzgado al igual que los 140 comandos a cargo de la acción, por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero todos fueron absueltos.
También fue absuelto en 2016 en otro juicio en el que Williams fue acusado de ser uno de los autores de la matanza de 61 campesinos indígenas, incluidos 23 niños, cometida en 1985.
El extitular de la Confederación de Empresarios (Confiep), Miguel Vega, fue presentado como encargado de Economía y Finanzas. Respaldó al gobierno de Fujimori.
Como ministro del Interior figura el general Marco Miyashiro, integrante del grupo policial especial que capturó al jefe del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Miyashiro fue parlamentario del partido neoliberal Fuerza Popular (fujimorista) entre 2016 y 2019 y durante su desempeño se caracterizó por sus declaraciones marcadamente derechistas y macartistas.
En la misma conferencia de prensa, De Soto dijo que su ‘gabinete’ hará propuestas constructivas al gobierno porque, sostuvo, este ‘ha perdido el norte’ y comenzó exigiendo que el presidente Francisco Sagasti autorice la importación privada de vacunas contra la Covid-19.
El ministro de Salud Óscar Ugarte aclaró, de otro lado, que las empresas privadas pueden importar vacunas y aplicarlas, pero en iguales condiciones que el Gobierno, es decir, sin cobrar por ello y manteniendo el orden de prioridades establecido.
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