Una fuente gubernamental confirmó a Prensa Latina la noticia, en calidad de anonimato, y se espera una conferencia de prensa en la sede de la Procuraduría para conocer los detalles.
La dimisión se produjo en medio del mayor escándalo de los últimos tiempos relacionado con abusos en albergues infantiles, los cuales denunciaron al Ministerio Público desde el pasado año, reveló recientemente la titular de la cartera de Desarrollo Social, María Inés Castillo.
Una investigación parlamentaria, cuyo informe entregaron a la Fiscalía recientemente, documentó condiciones inhumanas en varios hogares que incluyeron alimentación deficiente, falta de atención a discapacitados, violaciones sexuales, enfermos crónicos sin medicamentos, mujeres encadenadas y pésimas condiciones sanitarias y ambientales.
Esto generó una oleada de protestas frente a la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), institución estatal que tiene la obligación de velar por el funcionamiento de tales refugios, todos bajo responsabilidad del Estado.
Según la pesquisa, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o con autorización provisional, incluso en algunos casos la Senniaf desconocía su existencia y la mayor parte están administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas.
Ulloa sustituyó en enero de 2020 a Kenia Porcell, quien también dimitió a su cargo en noviembre de 2019, víctima del escándalo conocido como los Varelaleaks, que fue el espionaje y publicación del contenido de mensajes del teléfono privado del anterior mandatario Juan Carlos Varela.
Porcell aseguró entonces a Radio Panamá que las filtraciones del contenido del celular del exgobernante constituyen un delito ‘muy grave’, que debe ser investigado hasta ‘las últimas consecuencias’ para saber quién, cómo y dónde lo hizo; pero no se conocieron resultados de estas indagatorias hasta el momento.
Rumores en redes sociales agitan la posibilidad de que uno de los mayores implicados en los más de 90 expedientes de alto perfil en manos de tribunales de corrupción, haya ejercido presiones sobre Ulloa.
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