A realizarse en el Centro Internacional de Convenciones de la Asociación Nacional de Educadores, a la cita están convocados agrupaciones sociales, sindicales, populares y de mujeres, así como federaciones de estudiantes, rectores universitarios, agricultores y transportistas, entre otros.
En septiembre-octubre de 2020, integrantes del Movimiento Rescate Nacional encabezaron manifestaciones con bloqueos de vías en todo el país que obligaron al Gobierno a retirar una primera propuesta de negociación para recibir un crédito por mil 750 millones de dólares del FMI.
Pero en diciembre pasado y luego de una Mesa de Diálogo Multisectorial para hallar soluciones a la crisis económica-social del país, a la cual el Gobierno no llevó ese acuerdo con el FMI, el presidente Carlos Alvarado -mediante una entrevista a un medio de prensa local- anunció que retomaría la negociación con esa entidad financiera.
Tras un primer acuerdo técnico con el FMI en enero pasado para recibir el mencionado préstamo, actualmente la Asamblea Legislativa debate varios proyectos de ley relacionados con esa negociación, entre ellos el de Empleo Público, los cuales son repudiados por el MRN y agrupaciones obreras.
El jueves de la semana anterior y este miércoles, estudiantes, profesores y empleados de las universidades estatales de Costa Rica protestaron ante la Asamblea Legislativa contra el proyecto de ley de Empleo Público, al considerarlo violatorio de la autonomía universitaria.
En la convocatoria a la manifestación, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) solicita a todas las personas universitarias concienzar a la población de ese nivel de enseñanza y nacional sobre la importancia de ese tipo de centro público para el país.
También, prosigue, del respeto constitucional a la autonomía universitaria en el sentido de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.
De acuerdo con el Conare, resulta inconveniente que se dé la rectoría del empleo público al ministro de Planificación, pues podría revertir la despolitización del sistema del Servicio Civil defendida en la Constitución Política al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su director general.
El mencionado proyecto legal busca unificar los salarios en el sector público, en procura de un multimillonario ahorro que permita reducir el elevado déficit fiscal del Gobierno central, pero sindicatos, diputados y hasta empresarios lo rechazan.
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