Al menos 22 personas murieron en los bombardeos contra lo que el mando militar norteamericano denominó ‘milicias proiraníes en el este de Siria’, en la primera operación militar de la administración de Joe Biden, con el pretexto de responder a un golpe coheteril contra tropas estadounidenses en Iraq.
Las agrupaciones atacadas pertenecen a entidades desplegadas en el desierto de Al Badiya, área colindante en el norte con Iraq, que cooperan con las fuerzas armadas sirias sobre la base de acuerdos para combatir al grupo terrorista Estado Islámico.
El ataque alimentó el debate sobre la llamada Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), una legislación aprobada por el Congreso en 2002, y considerada obsoleta por muchos especialistas.
La AUMF da luz verde ‘legalmente’ al presidente para atacar a ‘aquellas naciones, organizaciones o personas’ que ayudaron o llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre’, facultad que aún sigue vigente a pesar de los años transcurridos.
Desde los primeros meses del mandato de Donald Trump, el Departamento de Estado y el de Defensa, solicitaron -sin éxito- al Congreso que aprobara una nueva legislación de ese tipo que viabilizara los planes belicistas del presidente, pero sin incluir restricciones de tiempo o geográficas para el empleo del poderío bélico, con el pretexto de ‘la metástasis’ de las organizaciones terroristas extranjeras.
Estamos en una era de frecuentes enfrentamientos, y no podemos decirles a nuestros adversarios que pretendemos detener los combates en una fecha determinada, señaló el entonces secretario de Defensa, James Mattis en el Senado el 30 de octubre de 2017.
En el trasfondo de todo este debate sobre las facultades del jefe de la Casa Blanca para iniciar una contienda bélica o intervenir en uno u otro país, está la Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal destinada a controlar las facultades del presidente para comprometer al país en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso; que entró en vigor el 7 de noviembre de 1973.
El estatuto requiere que el presidente notifique al Capitolio en un plazo de 48 horas el uso de agrupaciones armadas en un conflicto determinado, prohíbe que dichas unidades permanezcan en esas acciones por más de 60 días, y prevé un periodo posterior de un mes para su retirada total.
Expertos señalan que para que el presidente Joe Biden pueda terminar las guerras sin fin en que se involucró el país en los últimos años, su administración debe derogar la AUMF, lo cual sería una oportunidad para mejorar la estrategia de Estados Unidos.
Al respecto, Geoff LaMear, especialista de la consultora estadounidense Defense Priorities, señala que si Biden quiere la unidad en estos asuntos, debe comenzar por poner fin a esas guerras eternas.
‘En medio de las amargas divisiones en nuestro país, resulta más importante que nunca hacer que la política exterior de Estados Unidos refleje las opiniones del público norteamericano’, acotó LaMear.
En su intervención el 10 de febrero pasado en la sede del Departamento de Defensa, Biden dejó claro que utilizará la fuerza como ‘instrumento de último recurso’, en la medida en que su objetivo es poner fin a los conflictos armados actuales en los que está involucrado Estados Unidos.
No obstante, el mandatario demócrata especificó que nunca vacilará en usar el poderío militar estadounidense cuando considere que resulta imprescindible.
En su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas, el gobernante demócrata señaló que ‘nuestro país es más seguro y más fuerte cuando lideramos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo’.
En esa ocasión, junto con la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Defensa Lloyd J. Austin, Biden dijo que la ‘misión central de los servicios armados es disuadir la agresión de nuestros enemigos y, si es necesario, luchar y ganar guerras para mantener seguros a los estadounidenses’.
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