‘El agua no se vende, no se depreda ni se contamina, el agua se defiende’, dijo Mendoza al comprometerse a trabajar junto a los gobiernos regionales y locales; el pueblo y las rondas campesinas (fuerza social de seguridad ciudadana), para cuidar las lagunas de las alturas andinas que proveen del líquido vital a grandes territorios.
Los proyectos mineros establecidos en esas zonas han motivado fuertes protestas de las últimas décadas, reprimidas con saldo de muertes y son la causa principal de conflictos sociales, en los que Cajamarca representa un caso emblemático.
En esa región, el rechazo social impide desde la realización del proyecto Conga de explotación de oro, debido a que pone en riesgo la provisión y la calidad de agua allí y en otros territorios, en riesgo de contaminación.
Mendoza, candidata del bloque de izquierda Juntos por el Perú, se comprometió a realizar un viejo anhelo de los movimientos sociales que defienden el agua, de las fuerzas progresistas y de los grupos ambientalistas: el ordenamiento territorial.
Planteó una política de nueva minería, que delimite territorios en los que puede desarrollarse proyectos mineros sin afectar el ambiente, y la agricultura ni depredar el agua y que trabajará el tema ‘con la participación de las comunidades y no desde el escritorio de un burócrata de Lima’.
La postulante, una de las principales protagonistas de la campaña por las elecciones del 11 de abril, trató el tema en un recorrido por las cabeceras de cuenca de las alturas de Cajamarca, donde escuchó las preocupaciones de la población por la contaminación minera y por la falta de servicios básicos.
‘No puede ser que el cerro Quilish, que asegura la provisión del 70 por ciento de agua potable para Cajamarca este prácticamente concesionado a la actividad minera, cuando debería ser una zona de protección para garantizar que el agua se preserve para el consumo humano y la actividad agrícola’, declaró.
Mendoza señaló además la necesidad de hacer un inventario de fuentes hídricas para preservarlas y gestionar su aprovechamiento de manera justa y sostenible.
‘Asumimos el compromiso de considerar que el agua es un bien común, un bien público, que no debe ser privatizado. El agua es vida, y tenemos que garantizarla para todos’, agregó.
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