El palacete de Beauvau, emplazamiento histórico del Ministerio del Interior, da nombre a una propuesta que busca integrar a ‘diferentes actores sociales: el gobierno, los funcionarios electos, los sindicatos y los ciudadanos’, con el objetivo declarado de ‘mejorar las condiciones de actuación de las fuerzas del orden y consolidar los vínculos entre la policía y la población’.
Con esta mesa de diálogo, anunciada por Macron en diciembre de 2020 e iniciada el 25 de enero, se pretende además ‘sacar a la policía de la crisis por la que atraviesa desde hace tiempo, ya que los casos de violencia policial alcanzaron un pico en 2020’, un hecho que el propio gobierno no puede dejar de reconocer.
De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios de la Vida Política publicada el lunes 22 de febrero, más de la mitad de los franceses (54 por ciento) creen que los cuerpos policiales no hacen un uso proporcionado de la fuerza, mientras que un tercio (31 por ciento) consideran que los agentes actúan de manera poco respetuosa hacia el resto de los ciudadanos.
Además, un 18 por ciento de los encuestados estimaron que hay más racismo en la policía que en el resto de categorías profesionales, un 67 por ciento lo juzgaron al mismo nivel que en el conjunto de la sociedad, y solo un 11 por ciento vio a los uniformados menos racistas que otros sectores laborales.
La falta de confianza en las fuerzas de seguridad también quedó reflejada en la opinión de una amplia mayoría (83 por ciento) que achacó numerosas deficiencias al hecho de que la policía no cuente con suficientes recursos, o incluso que carezca de la formación adecuada para sus tareas, según el 32 por ciento de los entrevistados.
En ese contexto se inserta la conciliadora tentativa del gobierno de reunir en torno a ciertos temas de debate a personalidades y organizaciones, que aporten perspectivas y opiniones que puedan ser útiles en el desarrollo de la polémica Ley de Seguridad, aún en el trámite parlamentario.
Una pretensión que se ha mostrado falaz desde sus inicios pues, como denuncian la oposición de izquierda y las organizaciones sociales, el Ministerio del Interior se ha cuidado de excluir en los dos encuentros que hasta el momento han tenido lugar a juristas e investigadores de reconocido prestigio pero, sin duda, demasiado críticos.
El movimiento ecologista se recordó que el proyecto de ley incluye muchas disposiciones peligrosas, refuerza el aparato represivo del Estado y eleva el número de uniformados hasta 430 000, lo que conduce a una situación extraordinaria: ‘¡Hay más gente para reprimirnos que para alimentarnos!, ya que actualmente hay unos 400 000 agricultores’ en Francia.
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