El texto tiene fecha 28 de julio de 2021, es decir que se presentaría en el primer día del posible gobierno de Mendoza, quien, en medio de una ofensiva mediática contra el cambio y el crecimiento del apoyo a un candidato de derecha, pugna por el primer lugar en las encuestas.
El decreto dispone consultar a la población si quiere o no un cambio de Constitución y si, en tal caso, apoya o no que la nueva sea elaborada por una asamblea constituyente ‘popular, paritaria y plurinacional’, con amplia participación social y paridad de género.
‘Asumo ante ustedes el firme compromiso, de que, de ser elegida presidenta, convocaré a un referendo para que sea el pueblo soberano el que decida, si quiere o no, una nueva Constitución’ mediante una constituyente participativa, dijo al firmar el documento en Tacna, en el extremo sur del país.
El acto se realizó simbólicamente ante el monumento al héroe Francisco de Zela, precursor de la independencia, que encabezó una rebelión contra el poder colonial español en 1811.
Mendoza asumió, además, el compromiso de rescatar en beneficio del pueblo los recursos naturales, como el gas, los hidrocarburos y los minerales, cuya privatización ampara la Constitución vigente, y cuidar el medio ambiente.
Además, dijo, ‘propondremos que, en esta nueva Constitución, se consagre claramente la salud, la educación, el trabajo y las pensiones dignas como derechos que el Estado debe de garantizar’.
Agregó que la nueva carta magna debe establecer el nuevo pacto social que requiere la nación y debe ser hecha por el pueblo y siguiendo los canales democráticos y jurídicos necesarios.
La candidata del bloque de izquierda Juntos por el Perú invitó a los demás candidatos que ofrecen una nueva Constitución, a firmar también ese compromiso con la ciudadanía, para que sus promesas no o queden solo en palabras incumplidas.
De otro lado, en una conferencia virtual con medios de prensa electrónicos, aseguró que su posible gobierno de ninguna manera impondrá a sangre y fuego proyectos mineros, actualmente congelado por la oposición social motivada por el peligro de contaminación que representan.
Señaló que la consulta a las poblaciones del entorno será indispensable para ejecutar emprendimientos extractivos y que, de ser elegida, establecerá un ordenamiento territorial para definir técnicamente donde puede haber proyectos mineros o petroleros y donde debe primar el agro u otra actividad.
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