La imputación, fundamentada por la congresista Felícita Tocto y presentada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, resultó aprobada con 18 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, tras lo cual el caso quedó listo para ventilarse en el pleno, que decidirá si lo entrega a la Fiscalía.
La acusación considera al congresista como presunto autor del delito contra la administración pública por enriquecimiento ilícito, cometido antes de ser congresista
El caso, demorado durante aproximadamente ocho meses por maniobras dilatorias del acusado, toleradas por la mayoría legislativa conservadora, data de cuando Alarcón era alto funcionario de la Contraloría.
Esa mayoría lo eligió presidente de la Comisión Fiscalización del Congreso, pese a objeciones parlamentarias y sociales, al considerar una contradicción que ejerciera el cargo si tenía cuentas pendientes con la justicia y el antecedente de haber sido destituido por el anterior parlamento por malos manejos de fondos.
En las últimas semanas evadió dos veces comparecer ante la Comisión Permanente, con diversos pretextos y el último fue alegar que no había sido notificado debidamente, pese a ser público el citatorio.
Alarcón ha sido investigado por la Fiscalía por mal uso de fondos de la Contraloría, paradójicamente encargada de velar por el correcto manejo de los recursos del Estado.
En su defensa, alegó que el informe registraba fondos no correspondientes con sus ingresos como funcionario.
Para defenderse, sostuvo que la subcomisión había actuado de mala fe y el informe acusatorio era una venganza del expresidente Martín Vizcarra, porque difundió grabaciones furtivas de conversaciones telefónicas, las cuales le imputaban corrupción, por lo que fue destituido en noviembre de 2020. La autora del informe, Felícita Tocto, rechazó el argumento, haciendo notar que ella votó por la destitución de Vizcarra y nada tiene que ver con el exgobernante.
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