El último hecho relevante fue la confirmación de que Mayra Inés Silvera, será relevada este viernes como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), después de una contradictoria dimisión no esclarecida oficialmente, según medios locales de prensa.
Es la segunda alta personalidad del gobierno que deserta tras el escándalo por las presuntas violaciones físicas y sexuales en albergues infantiles, antecedida la semana anterior por el entonces procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, quien reveló la incapacidad del sistema para solucionar ‘el bienestar de nuestra niñez’.
Por su parte, Silvera confirmó su renuncia a Radio Panamá, medio que circuló el facsímil de una carta fechada el 25 de febrero pasado dirigida al presidente Laurentino Cortizo, en la cual escribió que ‘lamentablemente no cuento con la infraestructura, el equipo, ni el apoyo para hacer frente a los problemas que han conmocionado a toda la nación’.
La exdirectora declaró al medio, que después de rechazada su misiva inicial, el pasado 3 de marzo la llamaron a la Presidencia y una asistente le presentó otra carta previamente redactada, en la cual se señaló que la dimisión es por ‘razones de índole personal y profesional’ y la conminaron a firmarla.
El Ministerio Público, ahora al mando provisional de Javier Caraballo, anunció este jueves de la aprehensión de dos mujeres, presuntamente vinculadas a irregularidades financieras en un albergue y maltrato a un menor en otro, que fueron detenidas en sendos allanamientos ocurridos en dos ciudades del interior del país.
También hay expectativas sobre la inspección que la Defensoría del Pueblo efectuó a 44 albergues infantiles en el país y cuyo informe Eduardo Leblanc, jefe de esa institución, aseguró que entregará la próxima semana.
Leblanc informó que el documento lo circularán a medios de comunicación y organismos internacionales como las Naciones Unidas, y que como no son parte del Órgano Ejecutivo, la investigación es independiente de las dependencias de gobierno, como el Senniaf.
En paralelo, grupos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y algunas agrupaciones políticas, realizan cada día manifestaciones en las inmediaciones de instituciones estatales relacionadas con la administración, control o investigación de la situación revelada, medida de presión que incrementa la percepción de la crisis.
El escándalo comenzó cuando una subcomisión parlamentaria informó a la prensa sobre ‘evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes’ en refugios para infantes, encontradas en una investigación a 14 hogares administrados por fundaciones e instituciones religiosas, entre otras entidades privadas.
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