Mediante un comunicado, la Asofamd rechazó la decisión del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de defender a los uniformados, responsables también del despliegue de grupos paraestatales que ocasionaron masacres, detenciones arbitrarias y persecuciones contra miles de ciudadanos.
‘Ante las violaciones de los derechos humanos del pueblo boliviano y las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura a la cabeza de Jeanine Áñez, Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (extitular de Defensa) y otros, tienen derecho a conocer la verdad, identificar y sancionar a los responsables, continuó el texto.
Calificó de cómplice a Amparo Carvajal, defensora del Conade, de intentar desestabilizar nuevamente el proceso democrático en el país, concluye la nota.
Por otra parte, la Fiscalía ordenó este jueves la captura del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, por presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad en el caso golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.
En noviembre de 2019 Kaliman sugirió, en conferencia de prensa, la renuncia de Morales, a propósito de la crisis política derivada del supuesto fraude revelado en un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales.
Fruto de ese golpe de Estado se registraron las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), con el resultado de 36 personas fallecidas, más de 800 heridas y centenares de perseguidos y torturados, según fuentes oficiales.
Hasta la fecha ya suman cuatro los exjefes policiales y militares con órdenes de aprehensión, entre ellos el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas general Sergio Orellana, quien salió del país a finales de 2020 rumbo a Colombia.
También están el excomandante de la Policía general Vladimir Yuri Calderón, y el excomandante de la Armada Boliviana almirante Flavio Arce, este último imputado por los delitos de terrorismo y sedición.
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