El expediente acusatorio también está dirigido contra el vicepresidente Hugo Velázquez, ambos acusados de corrupción y mala gestión de la situación sanitaria en relación con la Covid-19.
La diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico, principal impulsor de la iniciativa, Celeste Amarilla entregó la documentación que detalla las acusaciones contra ambas autoridades, centradas en el mal desempeño de sus funciones.
Ahora comienza la consideración al pedido que, en caso de ser aprobado, pasará a una nueva fase en la que la Cámara del Senado asumiría el rol de juez.
Con anterioridad los impulsores del proceso explicaron que es una respuesta a la crisis social del país, acentuada por las protestas masivas que tomaron las calles de las principales ciudades desde hace casi dos semanas.
Los manifestantes exigen la dimisión del gobierno, a cuya gestión, que califican de deficiente, achacan las cifras de contagios y decesos en relación con la Covid-19, también del colapso del sistema sanitario, en especial de las unidades de cuidados intensivos.
De momento el proceso cuenta solo con el apoyo de 37 representantes de la cámara baja, a los que se podrían sumar algunos de otras bancadas.
Al vicepresidente le cuestionan además su participación en el escándalo relacionado con el embalse de Itaipú, en el que fueron modificadas las condiciones en las que Paraguay adquiere energía de la hidroeléctrica compartida con Brasil ubicada en ese punto del río Paraná.
No es la primera vez que la gestión de Abdo Benítez se ve amenazada por un juicio político, durante su primer año en la presidencia salió ileso de un intento de la oposición de llevarle ante la justicia por el polémico acuerdo de Itaipú.
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