Las redes de Derechos Humanos de los departamentos de Pututmayo, Cauca y Nariño emitieron un comunicado en el que exigen al Gobierno del presidente Iván Duque investigar los casos y hechos relacionados con estas muertes, e implementar planes para establecer la paz en las regiones en conflicto.
También pidieron crear mecanismos de protección ante las alertas tempranas que deben ser tramitadas por la Defensoría del Pueblo, emplazada a adoptar una postura firme respecto a la eliminación selectiva de estos actores sociales.
Los firmantes responsabilizan al Gobierno nacional, autoridades locales y a las fuerzas militares por la ineficiencia con que enfrentan a los referidos grupos armados, entre los que destacan paramilitares y bandas dedicadas al narcotráfico.
También por los casos de impunidad y lo que consideran ‘falta de compromiso’ con la realidad de esas regiones, muchas de estas zonas de conflicto entre las mencionadas organizaciones delincuenciales.
En el documento se condenó el asesinato la víspera de la alcaldesa del Cabildo Camentzá Biyá, María Bernarda Juajibioy, y su nieta, de casi dos años de edad, hecho censurado por importantes sectores de la vida política y social de del país.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en lo transcurrido del presente año fueron asesinados más de 30 líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra que supera a igual etapa de 2020.
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