En una comparación con la represión denominada Octubre Negro de 2003 ocurrida igualmente en la ciudad de El Alto, la experta detalló que entonces como parte de una investigación encontraron balines de goma en las personas con impactos, estaban a flor de piel, eran bastante fácil de sacar, aseguró.
La diferencia grande es que estos del 2019 son balines de plomo y además se pasean por el cuerpo, no están a flor de piel, remarcó Bravo, quien pidió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la búsqueda de más evidencias de los responsables.
El ITEI, organización no gubernamental boliviana fundada en 2001, elaboró un informe preliminar sobre los conflictos poselectorales de 2019, documento que entregó en febrero del siguiente año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.
Denominado ‘Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre de 2019 en La Paz – Bolivia, casos atendidos por el ITEI’, da cuenta de 96 ciudadanos observados en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en esta ciudad, celdas judiciales; posteriormente, en los penales de San Pedro, Obrajes y Miraflores.
En esta última ocasión, registraron un señor que le había entrado el balín por el abdomen, el proyectil recorrió todo el cuerpo y se fue a alojar cerca de la columna, describió la ejecutiva.
Los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía, autorizados por la presidenta de facto Jeanine Áñez, dejaron en Bolivia un saldo de 35 muertos, 833 heridos y mil 504 arrestos o aprehensiones, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo.
La Fiscalía boliviana desde fines de 2020 profundiza en un caso que llamó golpe de Estado, y como consecuencia del mismo el sábado 13 de marzo ordenó la detención de Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía).
Los cargos contra los civiles y militares que contribuyeron con la asonada golpista comprenden delitos de sedición, conspiración y terrorismo, mientras que el Congreso analiza una solicitud de juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz).
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