El líder de la cámara alta explicó que puntualmente serán revisadas las decisiones de suspender las operaciones de las plantas de Amoniaco y Urea, en Cochabamba, de Cloruro de Potasio, en Potosí, de las termoeléctricas e hidroeléctricas en Santa Cruz y Tarija, además de otras instalaciones productoras de energía solar y eólica.
La decisión del gobierno golpista presidido por Jeanine Áñez de detener las operaciones en las instalaciones antes referidas ocasionó pérdidas al Estado Boliviano valoradas en cientos de millones de dólares, recordó Rodríguez.
Según cifras oficiales, solo el alto en la planta de Amoniaco y Urea dejó pérdidas superiores a los 250 millones de dólares.
En febrero de 2020, el entonces ministro de Hidrocarburos del régimen de facto, Víctor Hugo Zamora, explicó que la paralización de la planta respondía a problemas de producción, y comercialización.
Sin embargo, en otro momento agregó que el principal obstáculo era su ubicación, Cochabamba, uno de los bastiones del Movimiento al Socialismo y el expresidente Evo Morales, obligado a dimitir por un golpe de Estado en noviembre de 2019, por lo que no se descarta un acto de represalia hacia activos opositores a la gestión golpista.
La comisión parlamentaria que investigará los referidos daños económicos revisará los 11 meses de gestión del gobierno de facto en relación con esos centros productivos y prestará especial atención al tema financiero porque todas esas industrias estaban respaldadas por el presupuesto del Estado.
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