El escándalo, el cual en febrero subió de tono en los medios de prensa con fuertes protestas y revelaciones de actos contra los derechos de los menores, pareciera que pierde fuerza cuando apenas se menciona algún caso, después que la Fiscalía prometió llegar al fondo del asunto.
Las diligencias del Ministerio Público (MP) alcanzaron a principios de marzo a 56 hogares de infantes e instituciones afines donde hicieron inspecciones oculares, mientras avanzan 18 investigaciones por presuntos delitos de maltratos físicos, psicológicos y hasta abusos sexuales a una veintena de menores.
Durante las pesquisas el grupo de fiscales, acompañado de psicólogos y trabajadores sociales, entrevistaron a más de 280 niños, niñas y adolescentes que residían en los refugios, donde comprobaron irregularidades que son parte de las averiguaciones, informó a la prensa el procurador Javier Caraballo.
Además de manifestaciones frente a la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en varias ocasiones masivos cacerolazos se escucharon en varios puntos de esta capital como protesta por los abusos cometidos en hogares infantiles, cuyas denuncias silenciadas datan de años, según reportes de prensa.
El asunto trascendió las fronteras panameñas y obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias, instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.
Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo que fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo ‘emplazó’ al Gobierno a proceder con ‘carácter de urgencia’ en el sistema de protección a los más jóvenes.
A mediados del 2020, se presentaron denuncias penales luego de documentar los elementos probatorios de posibles delitos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, según una nota del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), parte integrante de la Senniaf.
En febrero pasado, la Comisión de la Niñez, la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional destapó la dramática situación de trato cruel que reciben niños y adolescentes, tras una investigación en 14 centros, los cuales el sociólogo Alonso Ramos calificó de ‘mazmorras de la época medieval’.
De acuerdo con el especialista que integró como técnico el equipo investigador, en algunos de esos lugares encontraron a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas mayores conviviendo en una misma habitación, otras encadenadas y encerradas con candado, sin recibir medicamentos.
El informe de 700 páginas entregado al MP recogió que hasta alimentos para perros recibieron los niños de uno de los hogares visitados, además, de forma general desnuda los ‘sufrimientos, frustraciones y miedos de los menores’, dijo Ramos, quien advirtió que las víctimas tendrán ‘repercusiones para toda su vida’.
Esos hogares son administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas, y reciben subsidios gubernamentales, porque la ley coloca a los infantes bajo protección del Estado, aunque la principal crítica es la ausencia de control sobre sus protegidos.
Entre la población residente en estos albergues sobresalen menores procedentes de hogares disfuncionales, ambientes sociales adversos para su desarrollo, discapacitados y niñas embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.
Las denuncias estremecieron a la sociedad panameña, la cual espera por su esclarecimiento y conocer la identidad de quienes la emprendieron contra un segmento tan vulnerable de la población.
En el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, convocado por Naciones Unidas, los niños maltratados de Panamá buscan protección, mientras la justicia anda tras los culpables para sentarlos en el banquillo de los acusados.
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