Los tiroteos contra la población es un mal recurrente en un país donde el derecho a la tenencia de armas está recogido en la Constitución y es aupado por organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), fundada en 1871 e integrada por más de cinco millones de socios.
Según estadísticas oficiales citadas por el diario The New York Times, los estadounidenses vieron crecer el número de asesinatos el 25 por ciento en 2020, lo que significaría que el país superó los 20 mil en un año por primera vez desde 1995.
Aunque no está claro qué provocó el alza, algunas posibilidades son las diversas tensiones de la pandemia, el aumento de las ventas de armas durante la crisis y, en especial, el incremento de los crímenes de odio.
Lo ocurrido en Atlanta donde murieron ocho personas y en Boulder, Colorado, con 10 fallecidos, es apenas un botón de muestra de un problema que enfrenta por años a la población del país y refleja las profundas divisiones entre los estadounidenses y un Congreso que habla pero no toma acciones decisivas para enfrentar el reto.
Ante la situación, el presidente Joe Biden, busca, como ya otros lo hicieron, la prohibición de las armas de asalto y la comprobación de antecedentes para obtener uno de esos artefactos.
Tras el segundo tiroteo masivo, el presidente dijo que el endurecimiento de las leyes de armas no debería ser una cuestión partidista, pero los republicanos en el Congreso mostraron poco interés en las propuestas demócratas.
Según una base de datos elaborada por el diario USA Today y la universidad Northeastern University, el de Colorado se trata del séptimo tiroteo masivo del año en territorio estadounidense.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, es de las que piensa que ‘hacen falta acciones para evitar que este flagelo continúe haciendo estragos en nuestras comunidades’, según dijo.
Un artículo del Times publicado el martes aborda otras de las aristas de esta crisis, la división sobre la política de armas entre los estados republicanos y demócratas, y que define la política estadounidense.
Según el rotativo neoyorquino los esfuerzos divergentes reflejan el tablero de control nacional de las leyes de armas que se alinean con la inclinación partidista de cada estado, mientras que el Congreso no aborda la violencia de las armas con una legislación significativa desde 1994.
Desde la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut, en la que murieron 20 alumnos de primer grado y seis adultos, 13 estados, todos ellos controlados por los demócratas, promulgaron o ampliaron los controles de antecedentes para la compra de nuevas armas.
Mientras tanto, 14 estados, todos ellos controlados por los republicanos, aprobaron leyes que permiten a sus ciudadanos portar armas sin ningún proceso de permiso.
‘Hemos visto a los estados tomar medidas porque el gobierno federal no lo ha hecho’, dijo Laura Cutilletta, la directora gerente del Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia Armada.
En el país, los republicanos, en general, se oponen firmemente a nuevas regulaciones de armas, argumentando que la Segunda Enmienda es sacrosanta y no debe ser infringida por prácticamente ninguna legislación.
En la actualidad en Estados Unidos se estima que existen casi 400 millones de armas en mano de la población, lo que es caldo de cultivo para más acciones como la de Atlanta y Colorado mientras el Congreso no pase de las palabras a la acción.
Igor Volsky, fundador y director ejecutivo de Guns Down America, un grupo que busca reducir el número de armas en el país fue lapidario cuando afirmo; ‘Sabemos lo que hay que hacer, sólo que no tenemos la voluntad política de hacerlo.
Pero, tras los dos tiroteos de los últimos días son más lo que se suman a Biden y expresan que el endurecimiento de las leyes de armas no debería ser una cuestión partidista, pero los republicanos en el Congreso mostraron poco interés en las propuestas demócratas.
En unas breves y sombrías declaraciones desde la Casa Blanca, Biden pidió al Senado que apruebe la prohibición de las armas de asalto y que cierre las lagunas en la comprobación de antecedentes, diciendo que hacerlo sería ‘una medida de sentido común que salvará vidas en el futuro.’
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